La disputa entre ACS y Eiffage y los gobiernos de España y Francia por la concesión de la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan, quequebró en 2015, encara su recta final.
Hace unos días finalizó en Madrid la celebración de la vista oral del cuarto y último arbitraje que enfrenta a la administración concursal de TP Ferro, la sociedad participada por ACS y Eiffage, y las propias empresas contra los estados español y francés. El Palacio Zurbano de la capital ha acogido la audiencia pública que antecede a la emisión del laudo arbitral por parte de un tribunal en Ginebra.
Este es el cuarto arbitraje que confronta TP Ferro con España y Francia. En los tres anteriores, ACS y Eiffage perdieron en sus demandas. El ‘juicio’ que aún queda vivo se remonta a agosto de 2017, cuando los concedentes presentaron una reclamación para anular la resolución del contrato de la línea ferroviaria por incumplimiento de la sociedad. Demandaron que, en su lugar, se declarase resuelto por causas no imputables a TP Ferro.
Con ello, solicitaban que se procediera a la liquidación del contrato y al pago de la cantidad liquidada a la masa del concurso de la concesionaria, así como a indemnizarla por daños y perjuicios derivados de supuestos incumplimientos contractuales de ACS y Eiffage entre el 1 de enero de 2013 y el 16 de diciembre de 2016. En concreto, las cantidades que reclamaron inicialmente en este proceso los grupos presididos por Florentino Pérez y Benoît de Ruffray superaban, en concepto de una figura similar a la de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cerca de 700 millones de euros, entre los que se incluían los más de 400 millones de deuda soportada por TP Ferro y los intereses de la misma. La cantidad hoy es sensiblemente mayor.
España y Francia se anotaron un tanto ya en 2019 cuando lograron trasladar de Bruselas, donde se había presentado la demanda, a Ginebra, el arbitraje en cuestión. Los Estados vieron así satisfecha su petición para que el asunto se dilucidara en la Corte de Arbitraje de Ginebra, donde España y Francia ya habían obtenido varios laudos favorables por disputas con la concesionaria controlada por ACS y Eiffage.
Este tribunal ya resolvió en 2014 en contra de las empresas en un primer arbitraje en el que reclamaban a los gobiernos español y francés una compensación de alrededor de 350 millones de euros por sobrecostes en las obras de la línea ferroviaria -un tercio de lo presupuestado-. Con posterioridad, la misma instancia declinó pronunciarse sobre el incumplimiento por parte de los Estados en una segunda reclamación por daños y, muy al contrario, condenó a la sociedad a una leve compensación. Y en un tercer arbitraje, en el que pedía 260 millones, TP Ferro desistió.
Ahora ACS, Eiffage, España y Francia afrontan el desenlace del cuarto y último arbitraje en liza con el que se pondrá fin, presumiblemente, a una ‘guerra’ que se prolonga durante casi una década.
Fuente: El Economista
