El debate de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, programado para los días 26 y 27 de septiembre, confirma la necesidad de extender los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al próximo año. Esto se debe a que el proyecto de ley debe ser presentado en el Congreso antes de que concluya septiembre, para permitir su proceso legislativo y su entrada en vigor el 1 de enero.
El artículo 134 de la Constitución establece que los Presupuestos Generales del Estado deben ser presentados en el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Sin embargo, la fecha de la investidura de Feijóo, que podría no ser aprobada, lo que requeriría un nuevo debate con otro candidato unas semanas después, hace que sea un desafío ajustarse al plazo establecido por la Constitución.
En realidad, la preparación de los PGE suele comenzar en julio con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como de la Comisión Nacional de Administraciones Locales, para informar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre los objetivos de déficit establecidos. Estos pasos no se han podido llevar a cabo debido al periodo electoral en España.
Techo de gasto
Pero el mismo artículo de la Constitución establece que “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
Un indicativo que apunta hacia la extensión de los presupuestos actuales es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no tiene intención de establecer un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, para el año 2024 hasta que un nuevo Gobierno esté en funciones.
Este límite o techo de gasto es un paso preliminar en la formulación de los Presupuestos y funciona como una herramienta de gestión. Básicamente, marca el límite que la Administración Pública debe respetar para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Revalorización de las pensiones garantizada
La eventual prórroga no afectaría la actualización de las pensiones según el IPC, la cual fue asegurada mediante la última reforma de pensiones liderada por José Luis Escrivá. De hecho, es probable que esta actualización sea menor que la registrada en 2022, cuando la inflación alcanzó un 8.4%. Similarmente, se espera que el aumento de los salarios públicos siga una dinámica similar.
Sin embargo, una tarea pendiente para el nuevo Gobierno antes de que termine el año es tomar decisiones sobre las ayudas implementadas en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, como la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y electricidad. Estas medidas se extendieron mediante decreto ley hasta el 1 de enero de 2024.
Fuente: El Economista
